FELIPE BARRAGAN

PERIODISTA LO SEÑALÓ DE GANAR 2.5 MILLONES AL DÍA CON HUACHICOL FUE ASESINADO DOS DÍAS DESPUÉS El 20 de julio de 2026, el periodista Alejandro Leyva Aguilar publicó un video en el que acusó al senador del partido Morena, Antonino Morales Toledo de encabezar el robo de combustible en el Istmo de Tehuantepec. Según el informante que citó, en Huilotepec (municipio conurbado a Salina Cruz) “los ladrones, y fue muy específico, a sueldo del senador Antonino Morales Toledo todos los días ordeñan cinco pipas dobles de 25 mil litros cada una”. A 10 pesos el litro, la operación arrojaba una ganancia diaria de aproximadamente 2.5 millones de pesos, es decir, unos 75 millones al mes. Dos días después, el 22 de julio, Leyva fue asesinado de tres disparos de arma calibre 9 milímetros mientras desayunaba en un puesto de comida del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca. Ese es el hecho central. El resto es silencio oficial, condolencias genéricas y la ausencia de una investigación que haya vinculado o descartado con pruebas públicas la relación entre las acusaciones y el homicidio. Leyva no era un desconocido para las autoridades. Había denunciado amenazas de muerte ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca desde julio de 2025. Reportó ataques en medios electrónicos, llamadas amenazantes y hostigamiento vinculado a su trabajo. Ninguna de esas gestiones activó medidas de protección efectivas. El organismo estatal documentó la inacción. El periodista fue asesinado con las denuncias abiertas. Morales Toledo expresó condolencias públicas. Dijo que “el asesinato de un periodista es un crimen contra el estado de derecho” y ofreció su pésame a la familia y al gremio. No mencionó el contenido del video. No desmintió con documentos las cifras de las pipas. No explicó por qué, días antes, él mismo había pedido a la Fiscalía General de la República y al Instituto Nacional Electoral que investigaran un supuesto financiamiento de organizaciones opositoras con recursos de huachicol fiscal. La contradicción queda a la vista: el senador señala el delito cuando le sirve para atacar a otros y guarda silencio cuando un periodista lo señala a él con una operación concreta, con volúmenes, con precios y con un municipio identificable. Las autoridades estatales y federales han dicho que agotan todas las líneas de investigación, incluida la relacionada con la actividad periodística de Leyva. Hasta ahora no han establecido un vínculo formal entre el homicidio y los señalamientos contra Morales Toledo. Esa ausencia de vínculo no es una absolución. Es la descripción de un proceso que no ha producido resultados públicos que desmientan o confirmen la hipótesis más obvia: que un periodista fue asesinado dos días después de acusar a un senador de dirigir una red de ordeña de ductos que generaría decenas de millones mensuales. La acusación de Leyva no surgió en el vacío. Se inserta en un expediente previo: el bloqueo de cuentas de Morales Toledo por la UIF en el Operativo Agave Azul de 2020, los reportes de inteligencia de la Sedena de 2019 que lo mencionaban en estructuras de huachicol en San Blas Atempa, la carpeta de la FGR por sustracción ilegal de combustible de un ducto en su propiedad, y la detención, en agosto de 2024, de su entonces secretario particular José Antonio López Ríos con 500 mil pesos en efectivo, bidones de gasolina y una pistola. El periodista asesinado no inventó un delito; señaló una operación específica dentro de un patrón que las propias autoridades federales ya habían investigado. Morales Toledo no ha presentado una explicación contable o documental que desmienta la operación descrita por Leyva. No ha publicado contratos, facturas, permisos o declaraciones que demuestren la legalidad de los volúmenes de combustible que se mueven en la zona que controla políticamente. Ha optado por la condolencia genérica y por la narrativa de la persecución política.