Me estoy riendo a mandíbula batiente releyéndome. Dentro de poco, podrán ver cómo genero grandes amistades: -El texto de Zarzalejos contiene una serie de inexactitudes (verbigracia, que García-Pelayo se fue a Puerto Rico, en lugar de a Buenos Aires, en 1951), amén de que no referencia aquellos datos capitales como, por ejemplo, que García-Pelayo fue condenado a 6 años de prisión y ulteriormente indultado por el jefe del Estado. Cuestiones que yo descubrí y que solo aparecen citadas en mis trabajos y en Wikipedia (por la sencilla razón de que yo mismo pergeñé la entrada de García-Pelayo). No hubiese estado de más citar las fuentes. -La doctora Expósito pergeña un texto de difícil comprensión. A pesar del título del artículo —«Repensando la posición y las funciones del rey en el sistema institucional (releyendo a Manuel García-Pelayo)»—, lo cierto es que su lectura arroja muchas dudas sobre el entendimiento de la obra de García-Pelayo. Pues, interpretándolo justamente al revés, Expósito relata que el rey jamás tiene capacidad decisoria. Y, como es meramente «un símbolo», del juramento de guardar y hacer guardar la constitución (artículo 61 CE) no se infiere la posibilidad del rey de «activar, en supuestos extraordinarios, poderes durmientes». Por consiguiente, el rey no es defensor de la constitución. «Esta defensa del orden constitucional, de los principios y los valores en los que este se asienta, no puede ser concebida como una función del rey». Luego, ¿cómo se resuelve jurídicamente un caso como el 23F en el que el rey salva la constitución? La respuesta de Expósito: ante un supuesto así, la constitución deja de estar en vigor. «En un escenario de este tipo en el que la Constitución [de 1978] quedó superada por las circunstancias de extrema gravedad se generó una necesidad fáctica de actuar, no tanto para preservar el orden constitucional, sino para restablecerlo». En suma, según la autora, una actuación inconstitucional habría salvado la constitución. Mas esto es justo lo opuesto a lo mantenido por García-Pelayo. Para él, como diría Schmitt, «la decisión sobre lo excepcional es la decisión por antonomasia» y, por ende, toda actuación —con independencia de que tenga o no encaje en un concreto precepto— que logre salvar la constitución en una situación de riesgo extremo será constitucional. -Lo más curioso del paper, empero, no es cuando Expósito parece glosar a García-Pelayo, sino cuando expone sus propias cavilaciones. Aquí las contradicciones son aún mayores. Verbigracia, parece suscribir la opinión de que el rey posee «un poder de reserva que habilitaba a que el rey, en el ejercicio de sus funciones, en especial de arbitraje y moderación, pudiera activar una suerte de poder extraordinario en momentos de crisis del Estado o institucional, esto es, en aquellas situaciones que excedieran del “funcionamiento regular de las instituciones” que es el que circunscribe el ámbito y objeto de su función de arbitraje y moderación (tal y como es contemplada en el art. 56.1 CE). Y desde esta lógica justificaban la intervención del rey Juan Carlos I en los acontecimientos que se desarrollaron los días 23 y 24 de febrero de 1981». Por lo que, prosigue, «la defensa por parte del rey de la constitución y del orden por esta establecido en torno a unos determinados valores y principios forma parte y es consustancial al rol que está llamado constitucionalmente a desempeñar el monarca, cuando las circunstancias lo requieran, pero se justifica desde planteamientos muy alejados de la noción de poder». Mas sin solución de continuidad —literalmente a renglón seguido— proclama que «es una premisa incuestionable reconocer que el rey no es garante de la constitución, ni entre las funciones del jefe del Estado se incluye la de custodiar el orden constitucional». Subsiguientemente, la defensa de la constitución del monarca «no obedece al ejercicio de ningún poder residual o de reserva durmiente que haya de activarse en momentos de crisis o emergencias constitucionales. Admitir, en la órbita regia, la existencia de poder o prerrogativa, de cualquier tipo: explícito o implícito, quebraría con el principio democrático, en general, y con la lógica de un gobierno parlamentario, en particular». En fin, incomprensible.

«Invocar la justicia es como dar un golpe sobre la mesa: una expresión emocional que hace de la propia exigencia un postulado absoluto. Esta no es una manera adecuada de obtener comprensión mutua. Es imposible tener una discusión racional con quien apela a la "justicia”. (…) Sus palabras constituyen persuasión, no argumento. La ideología de la justicia conduce a la intolerancia y al conflicto, puesto que, por un lado, incita a la creencia de que la demanda propia no es la mera expresión de un cierto interés en conflicto con intereses opuestos, sino que posee una validez superior, de carácter absoluto; y, por otro lado, excluye todo argumento y discusión racionales con miras a un compromiso. La ideología de la justicia es una actitud militante de tipo biológico-emocional, a la cual uno mismo se incita para la defensa ciega e implacable de ciertos intereses. Puesto que la idea formal de igualdad o justicia como estrella polar para la orientación político-social carece de todo significado, es posible abogar por cualquier tipo de postulado material en nombre de la justicia. Esto explica por qué todas las guerras y conflictos sociales, como se dijo anteriormente, han sido librados en nombre de la exaltada idea de justicia. Es mucho esperar que esto cambie en el futuro. Invocar la justicia es usar un arma demasiado efectiva y demasiado conveniente desde el punto de vista ideológico. (…) Es muy fácil creer en las ilusiones que excitan la emoción estimulando las glándulas suprarrenales» (A. Ross). Quien dice justicia quiere engañar.

“A semejanza de una cortesana, el derecho natural está a disposición de cualquiera. No hay ideología que no pueda ser defendida recurriendo a la ley natural” (A. Ross).