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¿Quién es el diputado Cristóbal Urruticoechea? Cristóbal Ignacio de Loyola Urruticoechea Ríos, cursó su enseñanza básica y media en el Colegio Tabancura de Santiago, egresando en 1993. Luego estudió Derecho en la Universidad del Desarrollo, carrera que no concluyó, para titularse posteriormente como diseñador gráfico publicitario en Inacap. Es padre de siete hijos y, tras separarse de Tamara Küpfer Moller, contrajo matrimonio en febrero de 2026 con Vanessa Kaiser (Senadora), hermana del excandidato libertario Johannes Kaiser. Su carrera política ha estado marcada por una sucesión de controversias que han puesto en cuestionamiento su criterio, su conducta pública y la consistencia de sus posiciones. En 2015 apareció entre los 74 personeros de la UDI y RN investigados por el Servicio de Impuestos Internos en el Caso SQM. Un año después, durante las elecciones municipales de 2016, rompió con su sector y respaldó públicamente al candidato de centroizquierda Esteban Krause en Los Ángeles, decisión atribuida a un conflicto con la derecha que, según él, no lo había apoyado, lo que evidencia una precariedad valórica no menor. En agosto de 2020 difundió en Twitter una fotografía asegurando que mostraba una “trampa vietnamita” instalada por integrantes de la CAM contra Carabineros. La imagen era falsa y provenía de un sitio web español. El episodio motivó el anuncio de su citación a la Comisión de Ética de la Cámara por difundir información falsa. Durante 2021 impulsó, junto al diputado Harry Jürgensen, una reforma constitucional para prohibir el lenguaje inclusivo en los establecimientos educacionales, argumentando que determinadas ideologías contaminaban la educación. Ese mismo año ambos solicitaron antecedentes a las universidades de Chile y de Santiago sobre cursos y programas vinculados con estudios de género, feminismo, diversidad sexual y perspectiva de género. Las instituciones cuestionaron la iniciativa por afectar la libertad de cátedra y estigmatizar dichas áreas académicas. En septiembre de 2022 ambos presentaron un proyecto para eliminar dos de las tres causales legales de aborto. Durante la discusión, Urruticoechea afirmó que una mujer violada que aborta —no se desviola—, expresión que generó amplio rechazo por considerarse ofensiva e ignorante respecto de la violencia sexual. Pese a las críticas de parlamentarios y del Ministerio de la Mujer, reafirmó sus declaraciones. Ese mismo año, un reportaje de CIPER reveló un uso improcedente de recursos públicos asociados a tarjetas de combustible del Congreso. Según la investigación, su entonces y hoy exesposa, realizó al menos 38 cargas y uno de sus hijos otras dos, pese a que el beneficio está limitado al ejercicio de funciones parlamentarias. Posteriormente, su exesposa declaró que las cargas fueron efectuadas por instrucción del diputado, quien habría prometido restituir los fondos, situación que, según información de la Cámara, permanecía sin regularizar. En julio de 2024 fue registrado, junto a la diputada Chiara Barchiesi, viendo el tráiler de la película Joker: Folie à Deux durante una sesión en que se debatía un proyecto para endurecer las sanciones por delitos contra la vida. El episodio también motivó una vez más su derivación a la Comisión de Ética. Este es el mismo parlamentario que hoy impulsa una iniciativa destinada a obligar a las mujeres que soliciten un aborto dentro de las tres causales legales, a escuchar previamente los latidos del corazón del feto antes de confirmar su decisión. Su historial público —marcado por investigaciones, difusión de información falsa, proyectos cuestionados, declaraciones polémicas, observaciones éticas y cuestionamientos por el uso de recursos fiscales— constituye un antecedente que cada ciudadano puede ponderar al evaluar la autoridad moral y política desde la cual promueve iniciativas que afectan derechos tan sensibles. Las conclusiones, por cierto, quedan naturalmente en manos de cada lector. @MisColumnas