Chema Falcó

A raíz del lamentable suceso del suicidio de Sandra, la niña sevillana de 14 años, se está extendiendo por los institutos de toda España, y en las familias de los alumnos, una dinámica que yo no sé hasta qué punto es beneficiosa ni si, en realidad, lo es. Muchos padres, hipersensibilizados por los casos de acoso, están acudiendo a los centros educativos para registrar documentalmente sus inquietudes y traspasar a la institución educativa la responsabilidad de solventarlas. Así, lo que ocurre en las casas, en la calle, en las redes sociales y, por supuesto, también en los institutos, encuentra en estos últimos el punto de apoyo exclusivo sobre el que situar la palanca que, finalmente, haga rodar las medidas oportunas para solventar el caso. El disparatado aumento de protocolos de acoso escolar abiertos en los últimos meses nos habla de ese papel centralizador que están adquiriendo los centros educativos para afrontar circunstancias que superan, en mucho, la capacidad de actuación del profesorado. Conjurados los malos espíritus o, al menos, controlados gracias al papel registrado en la secretaría del centro, diríase que los padres ya pueden sentir alivio por el peso descargado sobre los hombros de los profesores. Pero ese alivio, tan humano como comprensible, es también engañoso. No porque el profesorado no deba intervenir —que debe, y lo hace— sino porque estamos confundiendo el espacio donde se manifiestan los problemas con el origen de los mismos. Y, lo que es peor, estamos depositando sobre la escuela un mandato imposible: el de reparar por sí sola fracturas familiares y sociales que se incuban mucho antes de que un alumno cruce la puerta del aula. Como resultado, algunos docentes viven hoy bajo una sospecha preventiva, atrapados entre la necesidad de actuar con diligencia y el temor creciente a que cualquier conflicto cotidiano derive en un protocolo que les exige una formación especializada que no tienen por qué poseer. Y que puede acarrearles, en el peor de los casos, el final de su carrera profesional. Lo que antes era un roce entre adolescentes —que requería diálogo, paciencia y mediación— ahora se traduce en un expediente formal que convierte a cada tutor en una especie de gestor de crisis, y a cada interacción escolar en un escenario potencialmente judicializable. No se trata de negar la importancia de la vigilancia ni de minimizar las señales de alarma. La tragedia de Sandra, como la de tantos otros jóvenes, nos obliga a los profesores a mantener los ojos bien abiertos. Pero también a mantener la cabeza fría. Porque si seguimos confundiendo vigilancia con burocracia, protección con delegación, corremos el riesgo de saturar los mecanismos que deberían activarse solo cuando realmente hacen falta. La verdadera prevención —la que funciona, la que salva vidas— no nace del miedo, sino del acompañamiento. Y ese acompañamiento es necesariamente compartido. La escuela puede y debe ser un pilar, pero no el único; no puede suplantar la presencia emocional en casa, ni controlar la jungla imprevisible de las redes, ni blindar a los adolescentes frente a las inseguridades propias de su edad. Pedirle eso es condenarla al fracaso y, de paso, convertir a los profesores en chivos expiatorios de un malestar que nos concierne a todos en una sociedad, además, crecientemente medicalizada. Quizá ha llegado el momento de repensar nuestra respuesta colectiva y actuar con menos actas, pero más escucha; con menos trámites, pero más comunidad. Porque, si algo nos enseñan estas tragedias, es que ningún protocolo podrá sustituir al tejido de relaciones humanas que sostiene y de verdad protege a un niño que sufre.