Ricardo Peirano

Comparto mi columna de esta semana en Semanario VOCES sobre los problemas de la Justicia en Brasil y el decaimiento del Poder Judicial frente a otros poderes La cenicienta de la democracia Entre los extraordinarios eventos ocurridos en Brasil la semana pasada -la inesperada y sorprendente resurrección de Lula y la cinematográfica fuga de Bolsonaro a Estados Unidos, propias de una serie de Netflix- no pasó desapercibido en el mundo la disfuncional actuación del Poder Judicial. Antes del domingo 25, la disfuncionalidad era algo interno. Después quedó expuesta “urbi et orbi”. Dos importantes diarios americanos – The Wall Street Journal y The Washington Post- le dedicaron sendos editoriales al tema y resaltaron el grave perjuicio que puede ocasionar una arquitectura judicial poco compatible con los principios y garantías del Estado de derecho. El domingo 25 tuvimos dos ejemplos claros de esos problemas. El primero, la intervención de un juez de Tribunal Supremo Federal (nada menos que Cristiano Zanin, uno de los principales abogados defensores de Luiz Inácio Lula da Silva en los procesos judiciales de la Operación Lava Jato), que emite una orden para prorrogar el horario de votación por dos horas cuando en algunas urnas ya había empezado el escrutinio. Y pasando por encima de la autoridad del Supremo Tribunal Electoral, órgano competente en la materia. El segundo ejemplo, la decisión del juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes de retirar el pasaporte de Flávio Bolsonaro. De Moraes es ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2017. Su actuación en materia de contenidos digitales, investigaciones sobre desinformación y supuesta defensa del orden democrático lo convirtió en una de las figuras más controvertidas del Poder Judicial brasileño. Responsable de bloqueo de cuentas: ordenó suspender cuentas de políticos, activistas y comunicadores, principalmente vinculados al bolsonarismo. También suspendió durante un mes la actividad de la red social X en Brasil. La de De Moraes fue una decisión tomada apenas se consolidó la remontada de Lula. Una coincidencia muy sutil. En materia judicial, no alcanza con ser independiente e imparcial: también hay que parecerlo. La apariencia de imparcialidad no es una cuestión estética ni secundaria, sino una condición esencial de la legitimidad de la Justicia. Cuando las actuaciones de un magistrado generan dudas razonables sobre su independencia, la proporcionalidad de sus decisiones o el respeto de las garantías procesales, el daño trasciende el caso concreto y compromete la confianza pública en las instituciones. ¿Habría hecho lo mismo el polémico juez si el ganador hubiera sido Flávio? Y yendo más allá ¿desde cuándo un juez del Tribunal Supremo, o sea la máxima instancia judicial y la última apelación decide cosas propias de un juez de primera instancia que es quien debe decir si se inicia una investigación y si se toma alguna medida cautelar? Puede ser legal de acuerdo a la Constitución de 1988, pero no es funcional a una buena marcha de la justicia. Las “Cortes Supremas” o cómo se llame la máxima instancia judicial de un país, actúa como cuerpo colegiado precisamente para garantizar una mirada plural y compartida por pares. La asignación de casos a un juez supremo distorsiona el sistema y genera problemas aunque su decisión sea revocable por el propio tribunal. En Brasil la arquitectura judicial es muy confusa y, en los últimos años, los jueces supremos actúan en forma individual invadiendo otras competencias. Para evitar esto probablemente sería necesaria una reforma constitucional. Habrá que ver si alguien se anima a proponerla. Como decía el ex diputado brasileño Roberto Freire el pasado 29 de octubre: “no se trata de una controversia restringida a la política brasileña. La credibilidad de nuestras instituciones está en cuestión”. Y continuaba: “defender la democracia no se reduce a tener elecciones libres y periódicas, sino que también implica defender la Constitución, el debido proceso legal, la Justicia imparcial y límites efectivos al poder. Sin esas garantías, no hay Estado Democrático de Derecho” Pero lo que ocurre en la justicia brasileña no es algo aislado. La politización de la Justicia es un fenómeno que se extiende por numerosos países de la región, como Argentina, Perú y Venezuela, y también alcanza a otras partes del mundo. Las actuaciones del Fiscal General en Estados Unidos están también bajo la atenta mirada del público, ya que es un cargo de designación directa del Presidente. Recientemente Trump nombró a Todd Blanche, su abogado personal, como Fiscal General. La justicia se ha ido convirtiendo así en la cenicienta de la vida democrática ya sea por una minusvaloración de sus facultades o por un uso excesivo del poder judicial que lleva a la deformación llamada “el gobierno de los jueces”. Por eso es fundamental preservar cuidadosamente la arquitectura institucional del Poder Judicial. De lo contrario, corre el riesgo de perder su papel decisivo como garantía de la separación de poderes, uno de los pilares de la democracia republicana. Los jueces supremos, o de última instancia, deben intervenir por medio de sus sentencias en defensa de las instituciones, del cuidado de las garantías individuales y del debido proceso. No deberían iniciar procesos o tomar decisiones propias de instancias inferiores. Brasil sufrió mucho con el intento de Jair Bolsonaro de frustrar el traspaso de poder en 2022 pero hay muchas dudas que el expresidente haya tenido todas las garantías procesales de su lado. Acciones judiciales como las del domingo 25 hacen difícil destruir el argumento de la oposición acerca de una persecución política. En materia de arquitectura judicial, Uruguay presenta mayores garantías institucionales que Brasil, aunque eso no significa que su sistema esté exento de problemas ni que no haya aspectos que deban preservarse y perfeccionarse. La lucha por la integración de la Fiscalía de Corte, sobre la cual no se ponen de acuerdo los partidos políticos, muestra un grado inconveniente de politización de ese cargo. Después de la renuncia de Jorge Diaz, no hubo nunca acuerdo para designar un sucesor. Ello indica que la Fiscalía es vista como una bandera política y no como un cargo institucional e imparcial. El actual ataque del Frente Amplio a la figura de la Dra. Mónica Ferrero, fiscal a cargo, para que renuncie sin que haya un solo hecho que muestre una falencia de la Fiscal, muestra que lo que predomina es el deseo de nombrar a alguien permeable a los intereses partidarios. Ese espíritu partisano, cuyas manifestaciones más controvertidas también se observan en Brasil, es sumamente peligroso para el funcionamiento democrático. Uruguay no está ajeno a ese riesgo y debe corregir cualquier desviación antes de que se consolide. Para ello, es fundamental que los mecanismos de designación de los magistrados aseguren su independencia y eviten que la Justicia quede atrapada en las disputas político-partidarias. De lo contrario, se debilita la separación de poderes. Y una vez que ese equilibrio institucional se pierde, recuperarlo resulta mucho más difícil que preservarlo.